A finales de septiembre se anunció que Electronic Arts, una de las editoras de videojuegos más grandes del mundo, sería adquirida de forma privada por un consorcio encabezado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF).
El grupo también incluye a Silver Lake y Affinity Partners, esta última fundada por Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, la operación —valorada en más de 10 mil millones de dólares por encima del valor de mercado actual de EA— ha generado preocupación en el Congreso de Estados Unidos.
Los senadores Elizabeth Warren y Richard Blumenthal enviaron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, expresando su “profunda preocupación por los riesgos de influencia extranjera y seguridad nacional” que implicaría la adquisición.
En la carta, ambos legisladores señalan que el PIF actúa como un brazo estratégico del gobierno saudí, y advierten que el acuerdo podría comprometer la privacidad de millones de usuarios y la transparencia operativa de la compañía.
Los senadores piden al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS) realizar una investigación exhaustiva del caso y presentar un informe antes del 4 de noviembre de 2025.
Este tipo de presiones regulatorias no son nuevas: el caso recuerda la intensa revisión del acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard King, que también enfrentó múltiples impugnaciones antes de concretarse.