El Senado de México aprobó un nuevo impuesto del 8% a los videojuegos violentos, incluido en la Miscelánea Fiscal 2026, lo que ha generado polémica entre jugadores y la industria. El gravamen formará parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Según El Economista, el Senado avaló sin cambios las reformas al Código Fiscal, la Ley Federal de Derechos y al IEPS, equiparando los videojuegos violentos con productos como el tabaco, bebidas azucaradas y apuestas.
El impuesto impactará tanto en juegos físicos y digitales como en servicios de suscripción —Xbox Game Pass, PlayStation Plus y Nintendo Switch Online— si incluyen títulos considerados violentos.
El problema: no se han definido los criterios para clasificar la violencia en los juegos. A diferencia de otros países que usan sistemas como ESRB o PEGI, la legislación mexicana no especifica un estándar, lo que genera incertidumbre entre distribuidores y desarrolladores.
Legisladores oficialistas defienden la medida como responsabilidad social y fiscal, mientras que la oposición la tacha de recaudatoria y ambigua. Analistas advierten que podría encarecer el acceso a videojuegos y frenar el crecimiento de un sector que aporta miles de empleos y millones de pesos a la economía nacional.
El nuevo gravamen se suma a otros ajustes del Paquete Económico 2026, incluyendo mayores cuotas migratorias y nuevas facultades del SAT para supervisar plataformas digitales.
Salvo cambios de última hora, el impuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2026, marcando un precedente en la regulación fiscal de los videojuegos en México.